El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Huelva avala la salida de la Mancomunidad de Aguas por parte del Ayuntamiento cartayero y declara no ajustada a derecho la reclamación de la indemnización por parte de la MAS, que es condenada al pago de las costas del proceso.

Los jueces han vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Cartaya en lo relativo al litigio que mantiene con la Mancomunidad de Aguas de Huelva (MAS), y su empresa instrumental, GIAHSA, a raíz de la salida del municipio de la misma en 2012.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva ha rechazado la reclamación económica de la Mancomunidad de Aguas de Huelva, que exigía al Ayuntamiento el pago de 12,2 millones de euros en concepto de perjuicios ocasionados y deudas pendientes como consecuencia de la separación.

Argumenta la sentencia que esta reclamación no se ajusta a derecho, por considerar que el expediente de salida de la MAS del Ayuntamiento de Cartaya cumple en todo momento la ley, fundamento según el cual no ha lugar indemnización ni reclamación económica alguna. Establece incluso el fallo judicial que es la MAS la que incumple los acuerdos adoptados con el Ayuntamiento, puesto que la empresa pública no abonó durante dos años el canon al que se había comprometido en base a los acuerdos alcanzados por ambas partes.

Señala, en este sentido, que fueron los incumplimientos de la Mancomunidad de Aguas los que provocaron la salida voluntaria del municipio en diciembre de 2012, y avala la legalidad del proceso de separación que inició entonces el Consistorio.

En base a todos estos argumentos, el juzgado no sólo rechaza la petición de indemnización de la Mancomunidad de Aguas, sino que la condena al pago de las costas del procedimiento judicial.

Con esta sentencia, que rechaza la reclamación económica de la MAS, son ya varias las sentencias que dan la razón al Consistorio, puesto que en diciembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya se pronunció a favor de la legalidad de la actuación municipal en el expediente de separación voluntaria.

Entonces, emitió una sentencia en la que dejó claro que el Ayuntamiento no incumplió el convenio firmado con la Mancomunidad, sino que tuvo motivos justificados para extinguir el acuerdo y salir de la entidad, y que lo hizo ajustándose en todo momento a la ley.

Valoración Municipal

Así, y según ha valorado el alcalde, Juan Miguel Polo, en nombre del Equipo de Gobierno municipal, “la Justicia deja claro una vez más que el Ayuntamiento de Cartaya actuó siempre conforme a la legalidad y en defensa de los intereses de los cartayeros, a los que Giahsa le debía más de cuatro millones de euros”.

Ha recordado, en este sentido, que “hemos sufrido una brutal campaña de mentiras continuas por parte del grupo municipal del PSOE de Cartaya, que ha proclamado una y otra vez que la salida de la MAS nos iba a costar 12,2 millones de euros a los cartayeros y cartayeras”.

Ahora, señaló, “tendrán que explicar por qué han engañado a los ciudadanos una y otra vez, puesto que tanto el TSJA, primero, y ahora el Juzgado Contencioso Administrativo de Huelva, nos han dado la razón, no sólo avalando la actuación municipal, sino también desestimando la reclamación económica de la MAS, y dejando claro en todo momento que los únicos incumplimientos que se han producido han sido por parte de la Mancomunidad de Aguas, no del Ayuntamiento”.