El concejal de Seguridad Ciudadana presenta en el Juzgado de Paz una solicitud para la celebración de un acto de conciliación con el objetivo de que «explique en qué circunstancias se produjeron los supuestos robos de una vivienda de su propiedad, hasta un total de diez en dos años”. La noticia apareció publicada en varios medios, con declaraciones de la propietaria, que resultó ser la diputada, pero, según señala el Equipo de Gobierno, “ni los datos, ni las fotografías que acompañaban la información, coinciden con los que sobre la citada vivienda han aportado al Consistorio, la Policía Local y la Guardia Civil, y tampoco hay ninguna denuncia al respecto”. Por todo ello, “tenemos serias dudas de la veracidad de la noticia, y simplemente le damos la oportunidad de que nos aclare las circunstancias de un caso que generó una gran alarma social en el municipio”.

El pasado día 13 de febrero, un conocido diario digital de la costa onubense publicó una noticia que con el título ‘Saquean hasta 10 veces en dos años una misma casa de campo en Cartaya’.

En la citada información, de la que se hacía eco también un diario provincial, la propietaria aseguraba que “en lo que llevamos de 2018 ya han entrado tres veces”, y que “al principio lo denunciaba, pero ya es tal la impotencia que tenemos, que ni perdemos el tiempo en ir a interponer las denuncias”.

La información en cuestión, se detalla desde el Consistorio, “generó una gran alarma en el municipio, por lo que desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se intentó localizar a la citada propietaria para ayudar en lo posible a esclarecer el caso, y se solicitó ayuda a la Guardia Civil”. De estas pesquisas, detalla el escrito presentado hoy en el Juzgado de Paz, se averiguó que la vivienda es propiedad de Josefa Inmaculada González Bayo y de un familiar, y que, según un informe de la Guardia Civil “no existe registro alguno en la base de datos de este cuerpo sobre denuncia de robo en el citado inmueble”.

Además, de los informes de Policía Local y Guardia Civil se desprende que la citada vivienda presenta “un aspecto de abandono desde hace bastante tiempo, sin signos de habitabilidad”, algo que, según los responsables públicos, tampoco concuerda con la información publicada.

Estos y otros datos aportados por las fuerzas y cuerpos de seguridad después de las investigaciones realizadas al respecto no coinciden, según el Equipo de Gobierno, con lo publicado, “entre ellos, las fotografías del presunto saqueo que aparecen en la información y que, en algunos de los casos, no coinciden con la citada vivienda”. Todo ello, señala, “nos hace albergar serias dudas de la veracidad de la misma, ante lo que pedimos un acto de conciliación para que la única “propietaria” que como tal tiene la vivienda, que ha resultado ser Pepa Bayo, nos aclare los hechos”.

Considera el Equipo de Gobierno Municipal que “tras la publicación de tales noticias, ante la alarma social creada en la localidad, y la enorme difusión que alcanzaron, incluso en medios regionales y nacionales, vinculando el nombre de Cartaya con hechos delictivos y generando un clima de inseguridad ciudadana y miedo, tenemos la obligación, cuanto menos, de aclarar la veracidad de los hechos”.

“El Ayuntamiento, – asegura el Equipo de Gobierno -, debe velar por la seguridad, y también por la buena imagen de la localidad, y noticias como esta hacen un daño irreversible a la imagen de un municipio que tiene en el turismo una de sus principales fuentes de riqueza”. Si son ciertas, señalan los responsables municipales, “sin duda trabajaremos, como ya estamos haciendo, para que no vuelvan a repetirse, pero si incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad nos manifiestan sus dudas al respecto, tenemos la obligación de pedir responsabilidades por los perjuicios ocasionados, tanto a los cartayeros, ya que generan gran alarma social; como al trabajo de Policía Local y Guardia Civil, que es el que en definitiva se cuestiona cada vez que aparece una información de este tipo”.